ANIMAL POLÍTICO. Las solicitudes de juicio político contra Adán Augusto López Hernández, coordinador de los senadores de Morena, e Hilda Araceli Brown Figueredo, diputada federal del mismo partido, están detenidas en la Cámara de Diputados y no hay fecha para que puedan avanzar.
Un mes después de que diputados de Movimiento Ciudadano (MC) y del Partido Acción Nacional (PAN) tramitaron solicitudes de juicio político contra ambos morenistas, el proceso sigue estancado porque no se ha instalado la Subcomisión de Examen Previo, el organismo encargado de revisar estas peticiones.
Ambos morenistas fueron señalados por la oposición por sus supuestos vínculos con La Barredora, un grupo criminal que opera principalmente en el sur del país, y el Cártel de Sinaloa, uno de los más poderosos del país.
La Subcomisión de Examen Previo se conforma por integrantes de las comisiones de Justicia y de Gobernación de la Cámara de Diputados, pero al día de hoy no se ha instalado por la falta de un acuerdo que debe emitir la Junta de Coordinación Política (Jucopo), controlada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
“Estamos esperando a que Jucopo lo acuerde para que nos notifique”, expresó Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Justicia, al ser consultado sobre este tema.
El equipo de Graciela Ortiz González, presidenta de la Comisión de Gobernación y diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), también comentó a este medio que están a la espera del acuerdo de la Jucopo para comenzar el análisis de las solicitudes de juicio político.
La solicitud de juicio político contra Adán Augusto López Hernández fue tramitada por María Elena Pérez-Jaén, diputada suplente del Partido Acción Nacional (PAN). La legisladora inició el procedimiento por la relación que el senador morenista tiene con Hernán Bermúdez Requena, supuesto líder del grupo criminal La Barredora.
Bermúdez Requena fue el secretario de Seguridad de Adán Augusto López cuando fue gobernador del estado de Tabasco, al mismo tiempo que realizaba actividades criminales. Informes de inteligencia del Ejército, filtrados por el colectivo Guacamaya, dieron cuenta de estos hechos desde el 2022.
El pasado 22 de septiembre, la panista Pérez-Jaen acudió a la Cámara de Diputados para presentar la solicitud de juicio político contra el senador morenista, y presentó como pruebas los documentos filtrados del Ejército, sin embargo, hasta el día de hoy los legisladores no han comenzado el análisis de la petición.
“No ha ocurrido nada, no hay señales, no hay el ánimo de que proceda, es una pantomima. El procedimiento lo tiene detenido Ricardo Monreal (presidente de la Jucopo y líder de los diputados de Morena). Nada se mueve en esa cámara si no lo ordena Monreal”, opinó en entrevista la diputada suplente del PAN.
Ante la inacción de la Cámara de Diputados, Pérez-Jaen acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para denunciar a Adán Augusto López Hernández por el supuesto desvío de más de 700 millones de pesos cuando él fue gobernador de Tabasco. Los documentos en los que se basa la acusación son informes de la Auditoría Superior de la Federación.
Por otra parte, la Cámara de Diputados también tiene pendiente de resolver otra solicitud de juicio político contra Hilda Brown, actual diputada federal de Morena señalada por el gobierno de Estados Unidos por tener presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Según el gobierno estadounidense, Hilda Brown supuestamente permitió que el Cártel de Sinaloa realizara actividades criminales en Playas de Rosarito, Baja California, el municipio que ella gobernó entre 2021 y 2024.
Aunque no es muy conocida en el ámbito nacional, Brown Figueredo ha asumido papeles importantes al interior de Morena, por ejemplo, ha sido coordinadora de afiliación en Baja California y coordinadora de la consulta nacional del Nuevo Aeropuerto Internacional de México que iba a construirse en Texcoco y fue cancelado.
Juan Zavala, vicecoordinador de los diputados federales de Movimiento Ciudadano, fue quien tramitó la solicitud de juicio político contra Hilda Brown el pasado 19 de septiembre y, al igual que en el caso de Adán Augusto López Hernández, no ha avanzado.
“Mientras haya esta lentitud, mientras no se soliciten elementos, mientras no se de respuesta a las solicitudes que hemos hecho, es difícil pensar que se está intentando hacer justicia”, lamentó Zavala Gutiérrez al ser consultado sobre este tema.
Los casos de Adán Augusto López e Hilda Brown no son los únicos. La Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados tiene el registro de más de 1,200 juicios políticos que están atorados desde hace años. Muchos de ellos datan de la época en la que el PRI y el PAN controlaban el Congreso, tal y como ahora lo hace Morena.
Han pasado tantos años desde que se presentaron algunas solicitudes de juicio político que casi mil ya están prescritos y se pueden desechar en un solo acto, de acuerdo con Hugo Eric Flores, presidente de la Comisión Jurisdiccional.
En las 200 solicitudes de juicio político que podrían estudiarse, según Hugo Eric Flores, las personas señaladas son gobernadores, jueces federales y jueces locales.
Algunas de las solicitudes de juicio político también se tramitaron contra exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y ministros en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque ellos ya han abandonado sus cargos en los últimos años.