EL ECONOMISTA. La embajada de Estados Unidos en México reiteró que el gobierno de ese país puede cancelar visas en cualquier momento, cuando existan razones que lo justifiquen, sin importar la nacionalidad, el cargo o las opiniones políticas del titular.
En un video difundido en redes sociales, David Arizmendi, vocero de la representación diplomática en nuestro país, explicó que una visa estadounidense es un privilegio, no un derecho, y que su otorgamiento o cancelación depende de las leyes y del interés nacional de Washington.
“Cada país tiene la autoridad de decidir quién puede ingresar a su territorio, incluidos los Estados Unidos. Las visas pueden ser canceladas a discreción del gobierno estadounidense cuando las circunstancias lo justifiquen. Este principio se aplica por igual a todos los ciudadanos extranjeros, sin importar si son particulares o funcionarios públicos”, expresó Arizmendi.
El funcionario detalló que el Departamento de Estado revisa de manera constante las visas emitidas y puede revocarlas si considera que el titular ya no cumple con los requisitos para mantenerla. Entre las causas para la revocación, mencionó estancias prolongadas no autorizadas, participación en actividades delictivas, vínculos con el terrorismo o riesgos para la seguridad pública.
Arizmendi subrayó que no se requiere una condena penal para proceder con una cancelación: basta con “información suficiente para determinar que mantener la visa no conviene a los intereses de Estados Unidos”.
El vocero añadió que las decisiones sobre cancelaciones no se hacen públicas por motivos de privacidad y que las personas afectadas son notificadas directamente.
“Todo el proceso se guía por la ley estadounidense, las políticas internas y el interés nacional”. "En resumen, Estados Unidos cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo sin importar quien sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas", concluyó.
La aclaración se produce en medio de un contexto de mayor escrutinio de Washington sobre las visas otorgadas en América Latina, luego de que se conocieran revocaciones a funcionarios y empresarios de la región por presuntos actos de corrupción o vínculos con actividades ilícitas.