Tamaulipas / Cd. Victoria

Congreso “olvida” imponer candados contra deudores alimentarios

ELEFANTE BLANCO. La reforma federal que creó el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias que marcó un plazo para los congresos locales que deben adecuar su marco normativo para cerrar el paso a personas declaradas deudoras alimentarias en trámites y procesos donde se exige acreditar solvencia en esa obligación.

En Tamaulipas, esa armonización no se ha materializado en una restricción local clara para competir por cargos de elección.

El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación estableció el escalonamiento: primero, el Sistema Nacional DIF tendría un plazo para implementar el registro; después, vendría el ajuste local.

El Tercero Transitorio fijó el mandato: “Los Congresos Locales y los Tribunales Superiores de Justicia de las Entidades Federativas y de la Ciudad de México, contarán con un plazo no mayor a ciento veinte días hábiles a partir del inicio de la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, para armonizar el marco normativo correspondiente…”.

En paralelo, el registro federal ya opera como ventanilla de acreditación. En su portal, el Sistema Nacional DIF ofrece el Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, documento que se solicita con CURP y cuya vigencia depende de que la persona no sea inscrita como deudora.

La lógica del candado es administrativa y política, si una persona está inscrita como deudora, el certificado no se emite y eso puede bloquear nombramientos o registros cuando la norma aplicable lo exige. Ese engrane, sin embargo, depende de que las entidades armonicen sus reglas para hacerlo requisito efectivo en candidaturas y designaciones locales.

Un análisis del Instituto Belisario Domínguez del Senado documentó el avance desigual de las legislaturas estatales en esta materia y el rezago en la adecuación normativa en algunas entidades.

En el terreno judicial, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares contempla el supuesto de incumplimiento por más de dos meses (continuos o discontinuos) en materia de alimentos y abre la puerta a medidas para hacer efectiva la obligación.

A siete meses del arranque formal del ciclo electoral en Tamaulipas, la discusión regresa al punto de origen, el derecho de niñas, niños y adolescentes a alimentos —entendidos más allá de comida— frente a la inercia legislativa local. El candado existe en la reforma federal y el registro ya opera; lo que falta en Tamaulipas es convertir esa herramienta en una restricción local verificable para candidaturas, antes de que inicie la siguiente carrera por el poder.