EJE CENTRAL. El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a una corte federal de Nueva York rechazar la apelación presentada por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, y ratificar la sentencia de 38 años de prisión que recibió por delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada.
En un documento de más de cien páginas, firmado por el fiscal especial Adam Amir en representación del fiscal del Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella, el gobierno estadounidense sostuvo que las pruebas presentadas en el juicio fueron suficientes y contundentes para acreditar la colaboración del exfuncionario con el Cártel de Sinaloa.
“Las pruebas presentadas en este juicio de cinco semanas demostraron más allá de toda duda razonable que García Luna era un funcionario corrupto (…) que aceptó millones de dólares en sobornos”, señala el posicionamiento oficial.
La fiscalía defendió la validez del juicio celebrado en febrero de 2024 en una corte federal de Brooklyn, donde un jurado declaró culpable a García Luna de cinco cargos relacionados con tráfico de drogas y crimen organizado.
Durante ese proceso, los fiscales presentaron más de 25 testigos, incluidos nueve colaboradores, quienes describieron la presunta red de protección que el exfuncionario habría brindado al Cártel de Sinaloa, así como los beneficios económicos obtenidos a cambio.
El gobierno estadounidense afirmó que, pese a posibles imprecisiones menores en fechas o detalles, el conjunto de la evidencia permitió acreditar los hechos sin margen de duda razonable.
El 18 de octubre de 2024, el juez Brian Cogan dictó una condena de 38 años de prisión contra García Luna, luego de rechazar una solicitud para repetir el juicio.
Las autoridades trasladaron al exfuncionario a una prisión de super máxima seguridad en Florence, Colorado, donde permanece actualmente. Su fecha estimada de liberación se fijó para 2052.
Casi un año después de la sentencia, la defensa presentó una apelación ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York.
En su recurso, los abogados argumentaron irregularidades en el proceso, entre ellas:
En respuesta, la fiscalía negó cada uno de los señalamientos y aseguró que cumplió ampliamente con la entrega de evidencia, incluyendo el acceso a más de un millón de documentos por parte de la defensa.
Además, subrayó que el tribunal excluyó acusaciones no corroboradas para evitar sesgos, lo que, según los fiscales, refuerza la legalidad del proceso.
Sobre los errores señalados por la defensa en testimonios, el fiscal Adam Amir indicó que se trata de inconsistencias menores que no afectan el fondo del caso ni constituyen perjurio.
Respecto a la evidencia patrimonial, los fiscales afirmaron que se utilizó de forma limitada y con el objetivo de demostrar el incremento económico del exfuncionario vinculado a los sobornos.
El documento entregado a la corte detalla que García Luna habría utilizado su posición para favorecer a la organización criminal.
“García Luna aceptó sobornos (…) y, a cambio, brindó asistencia al Cártel: facilitó la distribución de drogas, ayudó a actuar contra rivales, proporcionó escoltas armados y suministró inteligencia”, expone la fiscalía.
Además, los fiscales señalaron que existen pruebas de intentos de soborno dentro de prisión, donde el exfuncionario habría buscado influir en testimonios a su favor mediante internos.
La defensa cuenta con un plazo de hasta 21 días hábiles para responder a los argumentos de la fiscalía. Posteriormente, la corte evaluará si resulta necesario realizar una audiencia oral.
En caso de celebrarse, ambas partes expondrán sus argumentos ante un panel de tres jueces, quienes podrán formular preguntas antes de emitir una resolución.
El tribunal dispone de varias opciones:
La decisión podría emitirse en un periodo menor a un año, una vez que concluyan las etapas del proceso de apelación.