INFOBAE. La Fiscalía General de la República (FGR) concluyó que el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, ocurrido el 28 de diciembre de 2025, fue causado por la negligencia de la tripulación al operar a exceso de velocidad en una zona de curvas pronunciadas.
La resolución, presentada por la fiscal general Ernestina Godoy, descarta fallas técnicas en la infraestructura ferroviaria y ubica la responsabilidad en factores humanos.
Paralelamente, la institución informó que 145 personas afectadas ya recibieron reparación integral del daño mediante mecanismos de justicia alternativa.
De acuerdo con el informe final, el tren circulaba por encima de los límites de velocidad permitidos al momento del siniestro, lo que generó una fuerza centrífuga que provocó el descarrilamiento de la segunda locomotora y de varios vagones.
El accidente ocurrió en una zona montañosa del estado de Oaxaca, en un tramo caracterizado por curvas cerradas.
Tras el descarrilamiento, uno de los carros de pasajeros cayó a un barranco de aproximadamente seis metros, mientras otro quedó parcialmente suspendido, lo que agravó las consecuencias del impacto.
La fiscalía indicó que, tras una inspección técnica detallada, se comprobó que la vía, los durmientes, las fijaciones y el balastro cumplían con la normativa vigente.
Asimismo, se descartaron fallas en las locomotoras, lo que refuerza la hipótesis de que el siniestro fue resultado de una operación indebida.
El accidente dejó un saldo de 14 personas fallecidas y cerca de un centenar de lesionadas, convirtiéndose en uno de los eventos ferroviarios más graves recientes en México.
Las víctimas eran en su mayoría pasajeros que viajaban en los vagones afectados, algunos de los cuales sufrieron daños severos tras salirse de las vías.
La magnitud del incidente generó una respuesta inmediata de autoridades federales y estatales, así como cuestionamientos sobre la seguridad del proyecto ferroviario.
No obstante, con la conclusión de la investigación, la FGR sostuvo que no existen elementos para atribuir responsabilidad a la obra o a la infraestructura del Corredor Interoceánico.
Como parte de las indagatorias, el Ministerio Público acreditó la presunta responsabilidad del maquinista y del jefe de despacho del tren, quienes fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio y lesiones culposas.
Las autoridades integraron diversas carpetas de investigación que permitieron obtener órdenes de aprehensión y avanzar en el proceso judicial.
En contraste, la empresa operadora —el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, dependiente de la Secretaría de Marina— no enfrentará cargos, luego de que las auditorías realizadas no detectaran irregularidades sancionables.
En paralelo, la FGR informó que 145 personas afectadas —114 adultos y 31 menores de edad— han sido indemnizadas a través de acuerdos reparatorios.
Estos mecanismos, contemplados en la ley, permiten resolver conflictos penales mediante la compensación directa a las víctimas, lo que implica la extinción de la acción penal en los casos correspondientes.
La fiscal Ernestina Godoy destacó que este esquema prioriza la atención a las personas afectadas, al facilitar el acceso a medidas de reparación sin necesidad de enfrentar procesos judiciales prolongados.
Desde enero de 2026, el Gobierno federal puso en marcha un plan de reparación integral que contempla apoyos más allá de lo económico.
Las medidas incluyen acceso a vivienda, becas educativas y acompañamiento institucional, con el objetivo de atender las distintas necesidades de las víctimas.
Las autoridades sostienen que implementaron mesas de trabajo en las comunidades de Oaxaca y Veracruz para agilizar los trámites, para supuestamente evitar traslados innecesarios y reducir tiempos administrativos en la atención.
Con el cierre de la investigación, la Fiscalía General de la República fijó una postura definitiva sobre las causas del accidente, centrando la responsabilidad en la actuación de la tripulación.