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SEGOB suspende derechos de Joaquín Naasón como ministro de culto

ZETA. La Secretaría de Gobernación (SEGOB) informó el 17 de abril de 2026 que Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, tiene suspendidos sus derechos como ministro de culto en México, mientras el registro de la organización religiosa permanece vigente. En paralelo, un juez federal difirió para el 27 de abril del mismo año la audiencia en que determinará si se reabre la investigación penal que la Fiscalía General de la República (FGR) cerró en diciembre de 2025.

Rosa Icela Rodríguez Velarde, titular de la SEGOB, explicó durante la conferencia de prensa matutina del Gobierno Federal que la medida aplica exclusivamente a Joaquín García en su condición de ministro de culto, sin afectar el registro de la iglesia como institución. “Lo que sí está detenido […] ese sí está suspendido, está suspendido ante la autoridad correspondiente porque además está purgando una condena fuera de nuestro País, pero ya tiene algunos meses que se ha suspendido”, declaró Rodríguez Velarde. La funcionaria precisó que la iglesia conserva su registro, con varios años de vigencia ante las autoridades mexicanas. “La iglesia como tal tiene registro, ya tiene mucho tiempo”, agregó, aunque señaló que podría haber más información al respecto posteriormente.

Respecto al proceso judicial en México, Juan José Rodríguez Velarde, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Puente Grande, Jalisco, aplazó la audiencia que estaba programada para el 16 de abril de 2026, debido a que los denunciantes desconocían el contenido específico del acuerdo mediante el cual la FGR emitió el llamado “carpetazo” que cerró la indagatoria. El nuevo plazo quedó fijado para el 27 de abril del mismo año. En caso de que el juzgador ordene reabrir la indagatoria, la defensa de Joaquín García tendrá la posibilidad de impugnar la resolución.

La investigación fue abierta en 2019 a partir de las denuncias de varias víctimas, pero el 17 de diciembre de 2025, la Fiscalía Especializada en Delitos de Delincuencia Organizada (FEMDO) dictó el no ejercicio de la acción penal por los delitos de trata de personas y delincuencia organizada. La determinación fue emitida bajo la conducción de Alejandro Gertz Manero al frente de la FGR y generó la impugnación de las víctimas ante el Poder Judicial de la Federación. De no prosperar la reapertura, las denunciantes anunciaron que recurrirían a instancias superiores.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó el 16 de abril de 2026 que Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, se acercó a las víctimas para coordinar su participación en la audiencia judicial. “El objetivo de la Fiscal Ernestina Godoy, junto con las víctimas, es que se reabra el caso, que el juez reabra el caso”, declaró Sheinbaum Pardo durante su conferencia de prensa. La mandataria nacional precisó que desconocía las razones del cierre del expediente bajo la gestión anterior. “El cierre fue el año pasado con el Fiscal Gertz Manero, las razones no las conozco, pero la Fiscal Godoy fue lo que nos informó en el Gabinete de Seguridad”, afirmó. Según una tarjeta informativa enviada a la Presidencia de la República, de resolverse favorablemente, la FGR continuará con la investigación y respaldará la reactivación del caso.

Las víctimas Sóchil Martin, Sharim Guzmán y Ada Camarena denunciaron el 14 de abril de 2026 que la resolución de la FGR presenta contradicciones jurídicas. Camarena cuestionó el criterio ministerial al señalar que la determinación reconocía hechos que podrían constituir delito, pero concluía simultáneamente que no encajaban en ninguna figura penal. “No puedes decir que hay hechos que podrían constituir delito y al mismo tiempo concluir que no encajan en ninguna figura”, sostuvo. Martin y Guzmán señalaron que sus testimonios fueron fundamentales para documentar el funcionamiento interno de la organización y que parte de sus declaraciones fue utilizada como referencia en procesos judiciales en EE.UU. contra Joaquín García. Guzmán, en entrevista con Radio Fórmula, atribuyó la falta de avances legales en México a lo que denominó un “pacto de impunidad” vinculado al voto corporativo que la iglesia ofrecería a partidos políticos. Entre los actores señalados figuran el exsenador por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Israel Zamora; el senador de Morena Emmanuel Reyes Carmona; el exdiputado de Morena Hamlet García Almaguer; y los obispos de la organización, Rogelio Zamora Barradas y Nicolás Menchaca.

El trasfondo del caso acumula una serie de procesos judiciales en ambos países. Joaquín García fue detenido el 3 de junio de 2019 en California y el 8 de junio de 2022 fue sentenciado a 16 años y 8 meses de prisión, tras declararse culpable de delitos sexuales contra tres menores de edad en el Tribunal Superior de Los Ángeles, California. El 10 de septiembre de 2025, un jurado federal investigador de Nueva York lo imputó de nueva cuenta, junto con otros cinco acusados, por presuntamente haber organizado durante décadas el abuso sexual sistemático de niños y mujeres dentro de la congregación. Los cargos incluyen conspiración de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil; tres de los sospechosos se encuentran prófugos y se presume que están en México, donde enfrentan penas que van desde 10 años de prisión hasta cadena perpetua. El 23 de septiembre de 2025, Joaquín García se declaró no culpable ante la jueza Loretta Preska, en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.

El caso en México registra también otros antecedentes documentados. En 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó seis cuentas bancarias relacionadas con la organización por un monto superior a 300 millones de pesos por presunto lavado de dinero, antecedente que las víctimas consideraron no fue valorado suficientemente en la determinación final de la FGR. Asimismo, durante la madrugada del 24 de septiembre de 2025, la Guardia Civil, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado de Michoacán y la policía local detuvieron a 38 hombres identificados como integrantes del grupo denominado “Jazer” —descrito por las denunciantes como una guardia interna de la iglesia— en un predio ubicado en el municipio de Vista Hermosa, en los límites de Michoacán con territorio jalisciense, zona con presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las autoridades les decomisaron una pistola, 19 réplicas de fusiles de asalto, equipo táctico, cuchillos tipo militar, un simulador de artefacto explosivo y radios de comunicación.

La Luz del Mundo es una organización religiosa internacional fundada en Guadalajara, Jalisco, en 1926. El 26 de septiembre de 2025, Sheinbaum Pardo había solicitado a la SEGOB revisar la situación legal de la iglesia a raíz de los procesos en que han estado involucrados algunos de sus líderes y feligreses. Con la suspensión de los derechos de culto de Joaquín García vigente y la audiencia judicial pendiente para el 27 de abril de 2026, el proceso judicial en México enfrenta una nueva etapa que determinará si la FGR retoma las investigaciones cerradas bajo la administración anterior.