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EU acusa a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, de vínculos con el Cártel de Sinaloa

PROCESO. El gobierno estadunidense de Donald Trump finalmente cumplió con sus amagos de ir contra altos funcionarios de México por sus presuntos vínculos con grupos criminales: el Departamento de Justicia publicó hoy una imputación explosiva contra el gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, algunos de sus colaboradores más cercanos y otros políticos sinaloenses abanderados por el partido en el poder, en la cual los acusó de apoyar al Cártel de Sinaloa.

El acta de imputación, presentada por la Corte de Distrito Sur de Nueva York, la misma que procesó y está procesando a las más grandes figuras del Cartel de Sinaloa, estipula que Rocha y otros nueve “políticos y policías corruptos” --incluyendo el senador morenista Enrique Inzunza Cazarez, otrora secretario general de Rocha Moya, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, o el secretario de finanzas del gobierno de Sinaloa, Enrique Díaz Vega, así como encargados de seguridad de la entidad, como el vicefiscal Damaso Castro Zaavedra-- de abusar de su autoridad para beneficiar al grupo criminal, a cambio de sobornos millonarios.

“Aunque algunos de los imputados han trabajado con una variedad de narcotraficantes, por lo general han estado alineados con una facción del Cartel, conocida como ‘Los Chapitos’”, plantea el documento, que reúne todos los elementos para provocar una profunda crisis política en para el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, pues refrenda los argumentos de la oposición que acusan a Morena de haber tejido alianzas con el crimen organizado.

Comunicado de la Embajada

En reacción a la publicación del acta de imputación, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, señaló que no puede hacer comentarios específicos sobre los políticos de Sinaloa, pero recalcó que “la corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción de los Estados Unidos”.

Apenas la semana pasada, mientras inauguraba una planta de fertilizantes en Sinaloa, el mismo Johnson ya había dejado en el aire la amenaza de que su gobierno iría contra los funcionarios corruptos de México. “Es posible que pronto veamos medidas significativas en este sentido”, sentenció el embajador, y agregó: “estén atentos”. El pasado 26 de abril, el diario Los Angeles Times reveló por su parte que la administración Trump estaba por tomar medidas contra políticos mexicanos, y señalaba que Washington había quitado su visa a Rubén Rocha Moya el año pasado.

Según el documento dado a conocer hoy por el Departamento de Justicia, Rocha fue electo en junio de 2021 con “el apoyo de los Chapitos”, pues los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera mandaron robar urnas con votos a favor de los opositores del político de Morena, y secuestraron a políticos rivales. El gobierno de Estados Unidos acusa a Rocha de haberse reunido “en múltiples ocasiones antes y después de volverse gobernador de Sinaloa”, y se comprometió a dejarlos operar con impunidad.

Además de los personajes ya mencionados, el Departamento de Justicia acusa a Marco Antonio Almanza Aviles, jefe de la Policía de Investigación y su sucesor en el cargo, Alberto Jorge Contreras Núñez; Gerardo Merida Sánchez, secretario de Seguridad Pública de Rocha entre 2023 y 2024; José Antonio Dionisio Hipolito, director de la policía estatal entre 2017 y 2022; o Juan Valenzuela Millán, comandante de la policía de municipal de Culiacán, acusado de recibir sobornos mensuales para “él mismo, sus comandantes y otros 40 oficiales de la policía municipal”.

El acta de imputación detalla los montos de sobornos presuntamente pagados por Los Chapitos a los altos funcionarios a cambio de su protección, los cuales oscilaron entre 6 mil y 100 mil dólares mensuales. En este caso, el documento no menciona soborno alguno a Rubén Rocha. 

En el documento de 34 cuartillas, se señala entre otros que Rocha y sus colaboradores cercanos ayudaron a los “Chapitos” a evitar operativos contra su estructura, como los laboratorios; acusa incluso a Valenzuela Millán de haber ayudado en el secuestro, la tortura y el asesinato de Alexander Meza León, quien era una fuente confidencial de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

La imputación también estipula que, en Culiacán, el “jefe de plaza” del Cartel de Sinaloa recibe una caja llena de dinero en efectivo cada mes, “acompañada con una lista de funcionarios corruptos y el monto que cada uno debe recibir en sobornos para ese mes”. Algunas de estas listas, exhibidas en el documento, mencionan pagos de sobornos a personajes con apodos que el gobierno de Estados Unidos atribuye a algunos de los acusados.

Entre las acusaciones específicas contra Rubén Rocha, el documento menciona una reunión que habría sostenido a principios de 2021 con Iván y Ovidio Guzmán, dos de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quienes le prometieron su apoyo en su campaña política. Ovidio Guzmán se encuentra preso en Estados Unidos, donde se volvió testigo colaborador de la justicia. De acuerdo con el documento, Enrique Diaz Vega habría entregado a los Chapitos una lista con los nombres y las direcciones de políticos rivales, para que sus hombres los fueran a amedrentar.

Después de las elecciones, Rocha se habría reunido de nuevo con Los Chapitos, en compañía de Enrique Inzunza Cazarez, y les aseguró que tendrían el control sobre la policía estatal de Sinaloa; para afianzar su influencia en la fiscalía estatal, los Chapitos habrían pagado a Damaso Castro cerca de 11 mil dólares mensuales entre 2021 y septiembre de 2024.