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Segob confía protección de periodistas a empresa cuestionada por la ASF

ANIMAL POLÍTICO. Para operar el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Secretaría de Gobernación (Segob) adjudicó durante el primer semestre de 2026 tres contratos por 197.8 millones de pesos a RCU Sistemas S.A. de C.V., una empresa que acumula observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por deficiencias graves en la prestación de sus servicios y que, además, ha sido vinculada en una investigación periodística con la red empresarial de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública condenado en Estados Unidos por delincuencia organizada y vínculos con el Cártel de Sinaloa.

RCU Sistemas opera la infraestructura tecnológica y los servicios que permiten ejecutar las medidas de protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos en riesgo. Sin embargo, auditorías oficiales revisadas por Animal Político documentan fallas recurrentes en el funcionamiento del servicio.

La contratación de esta empresa cobra especial relevancia en un país donde la organización Artículo 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, ha documentado al menos 106 comunicadores asesinados en México en relación con su labor informativa desde el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto: 47 durante aquella administración, otros 47 en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y al menos 12 desde el comienzo de la presidencia de Claudia Sheinbaum. Las cifras mantienen a México entre los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. 

De acuerdo con el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con corte al 31 de mayo de 2026, esta instancia tiene a 2 mil 20 personas registradas como beneficiarias. De este universo vigente, 690 son periodistas (201 mujeres y 489 hombres) y mil 330 son personas defensoras de derechos humanos (742 mujeres y 588 hombres).

Las entidades federativas que concentran el mayor número de personas en el Mecanismo —sumando tanto a periodistas como a personas defensoras— son la Ciudad de México con 216 registros (87 periodistas y 129 defensores/as); Oaxaca con 195 (34 periodistas y 161 defensores/as) y Michoacán con 163 (39 periodistas y 124 defensores/as). Les siguen de cerca estados como Jalisco (148 personas) y Guerrero (138 personas), los cuales complementan los focos con mayor demanda de medidas de protección a nivel nacional.

Además, los tres contratos fueron adjudicados de manera directa bajo la excepción prevista para adquisiciones relacionadas con “fines militares o para la Armada”.

El primero (SG/CPS/006/2026) cubre los meses de febrero y marzo, con un monto máximo de 64 millones de pesos.

El segundo (SG/CPS/017/2026) extiende el servicio de abril a julio por hasta 123.8 millones de pesos.

Y un tercer contrato (SG/CPS/016/2026), vigente durante ese mismo periodo, se destinó específicamente al cumplimiento de medidas cautelares dictadas por organismos de derechos humanos, con un tope de 10 millones de pesos.

La relación entre la Secretaría de Gobernación y RCU Sistemas comenzó en 2014, durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong al frente de la dependencia, cuando se otorgó a la empresa un contrato por adjudicación directa para brindar el servicio de seguridad técnica dentro del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

Desde hace más de 7 años, en marzo de 2019 el entonces subsecretario Alejandro Encinas advirtió sobre las graves deficiencias operativas del Mecanismo de Protección a Periodistas, atribuidas a que “existe una empresa privada que es la encargada de toda la aplicación de los mecanismos”.

Al detallar las fallas de este esquema, precisó que en los equipos de auxilio “se pierde la señal”, hay errores en “la georreferenciación” y “no hay respuesta inmediata en ocasiones a la situación de emergencia por parte de la empresa encargada“.

Aunado a esto, reveló irregularidades con el personal, señalando que la compañía “no goza […] con un permiso de portación de armas, sino que está empleando a marinos o militares retirados que portan el arma de cargo” de su jubilación.

Frente a este panorama, Encinas fue categórico sobre la urgencia de retirar a los privados de esta labor, sentenciando que la protección de los beneficiarios debía asumirse como “una responsabilidad del Estado que no puede negarse a un particular, sino que tiene que ser directamente el Estado”. 

En aquel momento, incluso anunció que el gobierno buscaría “la eliminación del contrato que es oneroso”, una medida con la que proyectaba “un ahorro por lo menos del 15 por ciento, más de 30 millones de pesos”, asegurando que con ello se tendrían “recursos suficientes para la protección”.

A pesar de los cuestionamientos y señalamientos acumulados contra la compañía, RCU Sistemas continúa, más de una década después, como encargada de operar las medidas de protección para periodistas y personas defensoras en México.

La Segob ha justificado la adjudicación directa a RCU Sistemas en los contratos por la necesidad de garantizar la continuidad del “Servicio integral de Protección y Seguridad técnica para el cumplimiento de medidas cautelares dictadas por organismos nacionales e internacionales de protección de derechos humanos”.

Deficiencias documentadas por la Auditoría Superior

La permanencia de RCU Sistemas como principal proveedora del Mecanismo de Protección contrasta con los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que desde 2018 ha documentado deficiencias tanto en la prestación del servicio como en la supervisión ejercida por la Secretaría de Gobernación.

La observación más reciente quedó registrada en la revisión de la Cuenta Pública 2023. Al analizar una muestra de 129 botones de asistencia asignados a 50 personas beneficiarias del Mecanismo, la ASF detectó que 88 dispositivos permanecieron apagados durante un mes completo, sin que la Secretaría de Gobernación adoptara medidas inmediatas para corregir la situación.

La Auditoría también encontró retrasos en la capacitación de las personas beneficiarias. En algunos casos, la instrucción para el uso de las medidas de protección se formalizó hasta 49 días hábiles después de que éstas ya habían sido implementadas.

Pero las observaciones no son nuevas. En la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF entrevistó a personas beneficiarias del Mecanismo que reportaron fallas en los botones de asistencia o dispositivos de pánico. Entre otros problemas, denunciaron que recibían llamadas de extorsionadores o de instituciones bancarias a través de esos equipos, lo que comprometía la confidencialidad de su ubicación. También señalaron falta de capacitación para los escoltas y demoras de hasta cuatro meses en la instalación de cámaras de seguridad en sus domicilios.

A estas deficiencias operativas se sumaron irregularidades administrativas. En la revisión de la Cuenta Pública 2020, la Auditoría detectó el pago injustificado del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en alimentos, la falta de documentación para comprobar el arrendamiento de refugios y el consumo de gasolina, así como la subcontratación de personal sin registrar directamente a los trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Pese a estas observaciones reiteradas durante distintos ejercicios fiscales, la Secretaría de Gobernación mantuvo la contratación de RCU Sistemas para operar el Mecanismo de Protección durante 2026.

Las fallas que antecedieron a asesinatos de periodistas

Las observaciones documentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) también señalan casos en los que periodistas incorporados al Mecanismo de Protección fueron asesinados mientras contaban con medidas federales para el resguardo de seguridad. Si bien las investigaciones ministeriales no atribuyen esos homicidios a las deficiencias reportadas por la Auditoría, varios de los casos evidenciaron fallas en la implementación de los esquemas de protección.

Uno de los primeros fue el del periodista Pablo Morrugares, asesinado en agosto de 2020 en Iguala, Guerrero. Meses después, en junio de 2021, fue asesinado Gustavo Sánchez Cabrera, en Tehuantepec, Oaxaca. En ambos casos, las investigaciones ministeriales concluyeron que los escoltas asignados por RCU Sistemas no se encontraban presentes al momento de los ataques.

Más recientemente, en enero de 2025 fue asesinado en el Estado de México, Calletano de Jesús Guerrero, periodista del medio Global México. Guerrero formaba parte del Mecanismo desde mayo de 2014, tras denunciar amenazas relacionadas con su labor periodística.

De acuerdo con información del propio Mecanismo, en noviembre de 2023 la Junta de Gobierno aprobó un nuevo Plan de Protección que seguía vigente cuando ocurrió el asesinato. Además, en diciembre de 2024 el periodista reportó incidentes de seguridad, entre ellos el robo de su vehículo y en enero de 2025 notificó una nueva agresión mientras realizaba su trabajo.

Otro caso es el de Kristian Zavala, fundador del medio digital El Silaoense MX, asesinado en marzo de 2025 en Guanajuato. Zavala había solicitado protección federal desde 2021 tras denunciar riesgos derivados de su actividad periodística. Tras el crimen, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) sostuvo que el homicidio volvió a evidenciar las dificultades para responder de manera eficaz a periodistas que habían advertido previamente sobre las amenazas que enfrentaban.

Para conocer su postura sobre lo documentado en este reportaje, Animal Político contactó a RCU Sistemas y al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Sin embargo, hasta la fecha de publicación, la empresa no había emitido ninguna respuesta.

Presuntos nexos con García Luna y la respuesta oficial

Además de las observaciones documentadas por la Auditoría Superior de la Federación, RCU Sistemas ha sido señalada en una investigación periodística del diario Los Angeles Times por presuntos vínculos con la red empresarial de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, quien se encuentra preso en Estados Unidos por cargos de delincuencia organizada y vínculos con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con esas investigaciones, la empresa está relacionada, a través de los socios José Luis Matouk Matuk y Raif Shahin Ishac, con el empresario Niv Moshe Yarimy, representante de Sym Servicios Integrales S.A. de C.V., una subsidiaria de Consultoría GL & Associates Consulting, empresa de García Luna.

Niv Moshe Yarimy también ha sido relacionado con Hacking Team, firma que de acuerdo con el Los Angeles Times, obtuvo contratos directos durante el gobierno de Felipe Calderón mediante gestiones atribuidas a García Luna.

A esa misma red empresarial también ha sido vinculado Rodrigo Ruiz, quien figuró como representante legal de la empresa que comercializó el software de espionaje Pegasus a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en 2014.

“El enlace de la empresa Hacking Team con el gobierno mexicano es Rodrigo Ruiz de Teresa Treviño, un funcionario muy cercano a Genaro García Luna. Fue Rodrigo Ruiz de Teresa Treviño quien en el 2014 vendió a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) el programa espía Pegasus, el que se destinó para la intervención de comunicaciones privadas de políticos, activistas sociales, periodistas y funcionarios de gobierno”.

“No sobra decir que por la compra del malware espía Pegasus la PGR pagó la cantidad de 32 millones de dólares, en una transacción que firmaron Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y hoy prófugo de la justicia, y Luis Armando Pérez Herrero el representante legal de Hacking Team”.

“De acuerdo a una fuente dentro de la Secretaría de Gobernación, en una triangulación de contratos, la empresa RCU Sistemas S.A. de C.V. -que presta servicios de seguridad y protección para el Mecanismo de Protección del gobierno mexicano- ha tenido como subsidiarias o ha representado los intereses económicos de las empresas Sym Servicios Integrales S.A. de C.V., Hacking Team y Consultoría GL & Associates Consulting, esta última propiedad de Genaro García”, menciona el reportaje de Los Angeles Times.

RCU Sistemas fue constituida a finales de 2005 como una empresa dedicada principalmente a la comercialización y arrendamiento de equipos de telecomunicaciones. Sin embargo, en los años siguientes amplió de manera progresiva su objeto social para incluir la comercialización de equipo táctico y balístico, software, sistemas de rastreo satelital y, posteriormente, la fabricación y distribución de raciones alimenticias destinadas a instituciones militares, policiales y de protección civil.

Ante estos señalamientos, el gobierno federal ha sostenido que no existen elementos que acrediten un vínculo entre RCU Sistemas y García Luna.

En junio de 2021, tanto la Secretaría de Gobernación como la Junta de Gobierno del Mecanismo emitieron comunicados en los que afirmaron que, tras revisar la documentación legal y administrativa de la empresa, no encontraron evidencia que acreditara esa relación. 

Las autoridades también defendieron las adjudicaciones directas al señalar que se realizaron al amparo de las excepciones previstas en la ley por razones de seguridad nacional.

A pesar de los antecedentes, de las observaciones acumuladas por la ASF y de los cuestionamientos en torno a la empresa, la Secretaría de Gobernación volvió a adjudicarle en 2026 tres contratos para operar el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.