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Dos atentados de la guerrilla marcan el primer día de la presidencia de Abelardo de la Espriella

LA JORNADA. Un día después que el ultraderechista Abelardo de la Espriella asumiera la presidencia de Colombia, se efectuaron dos atentados en distintas partes del país. 

Un ataque con explosivos ocurrió esta madrugada en el norte de Colombia, el cual dejó muerto a un subintendente de la Policía en un nuevo atentado contra una instalación policial que ha condenado sin paliativos el presidente Abelardo de la Espriella.

Rodelo Canchila ha terminado sucumbiendo a las heridas causadas por la explosión ocurrida en la subestación de Policía de San Roque en Curumaní, departamento de Cesar. De acuerdo con la información entregada por la Gobernación del Cesar, el atentado habría sido ejecutado mediante el uso de drones explosivos.

La línea de investigación todavía no ha arrojado sospechosos pero las autoridades ya señalaron al Ejército de Liberación Nacional como responsables de un coche bomba que dejó la semana pasada diez heridos en una comisaría de Cauca, también en el norte del país.

"Este crimen no quedará impune. Los responsables serán encontrados y enfrentarán todo el peso de la ley. Cada ataque contra nuestros hombres de la Fuerza Pública fortalece aún más nuestra determinación de derrotar al terrorismo y devolverles la tranquilidad a los colombianos", ha avisado el presidente en redes sociales.

El presidente ha condenado también otro ataque violento ocurrido estas últimas horas: la destrucción la infraestructura del peaje de Mondomo, en el sur del país, una obra que se encontraba en su fase final de construcción sobre la vía Panamericana, en la ruta que conecta a Cali con Popayán. No hay constancia de heridos. En Cali, precisamente, De la Espriella asumió ayer su mandato.

Explotó un coche-bomba al suroeste del país

En otro evento, un ataque con explosivos se registró en el suroeste del país, en el peaje de Mandiva, ubicado en la vía Panamericana, la principal arteria vial del suroeste del país. El ejército detalló que dos vigilantes que cuidaban la infraestructura sufrieron heridas leves.

El reporte agregó que, según uno de los vigilantes, se trató de la detonación de un vehículo que fue abandonado por una persona que luego huyó en una motocicleta.

De acuerdo con información preliminar del ejército, el ataque habría sido perpetrado por las facciones Dagoberto Ramos y Jaime Martínez de las disidencias de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que no se acogió al acuerdo de paz firmado hace una década con el Estado.

En tanto, militares resguardan la zona donde, junto a canes entrenados, recorren el área para descartar la presencia de otros artefactos explosivos, indicó el ejército en su cuenta de X.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, condenó el “atentado terrorista” y aseguró en X que “Colombia no se va a arrodillar ante la violencia ni va a permitir que destruyan las obras que conectan a nuestras regiones”. Añadió que se trabaja para restablecer la movilidad en la zona.

El ataque sucedió en la vía que comunica a los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, cuya capital, Cali, fue la anfitriona del acto de juramentación De la Espriella en una ceremonia en que delineó su política de seguridad y advirtió a los grupos ilegales que "tienen dos caminos: someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza pública”.

Tras la posesión, se realizó en Cali el primer consejo de seguridad del nuevo gobierno. Según la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se decidió articular la fuerza pública para “ejercer un verdadero control sobre las economías ilícitas y recuperar la seguridad de nuestros territorios”.

De la Espriella, quien descartó el diálogo con los armados que impulsó su antecesor Gustavo Petro, anunció el sábado el traslado de 117 prisioneros vinculados a los procesos de paz del anterior gobierno hacia prisiones de máxima seguridad.

Se trata de una medida que busca “recuperar el control permanente de las cárceles” y “contener cualquier capacidad de las estructuras criminales” para coordinar acciones ilícitas desde las prisiones, citó en un comunicado el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec).

Los privados de libertad fueron llevados a ocho centros penitenciarios de alta seguridad en las ciudades Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne.

El gobierno ejercerá el control en las prisiones “con autoridad y dentro del marco constitucional”, aseveró la institución estatal.