ELEFANTE BLANCO. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Tamaulipas ha presentado 44 denuncias ante las fiscalías del Estado por conductas que presuntamente constituyen delitos, además de haber turnado 91 expedientes al Tribunal de Justicia Administrativa por faltas graves de servidores públicos, informó la titular de la dependencia, Norma Angélica Pedraza Melo.
La funcionaria señaló que la dependencia mantiene el seguimiento de los casos para evitar que queden rezagados, especialmente cuando restan dos años para concluir la actual administración estatal.
“Nosotros esperamos que avancen las investigaciones”, expresó al referirse a las denuncias penales que han sido presentadas por la Secretaría.
Como ejemplo, mencionó el caso relacionado con una extitular de la entonces Contraloría Gubernamental, donde aseguró que el proceso ha registrado avances y que la conducta observada ya fue tipificada en materia penal por las autoridades competentes.
Pedraza Melo explicó que las denuncias penales corresponden a hechos que, tras las investigaciones administrativas, fueron considerados susceptibles de encuadrarse en algún delito, por lo que se dio vista a las fiscalías para que continúen con los procedimientos correspondientes.
En materia administrativa, detalló que la dependencia ha remitido 91 expedientes al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas por conductas calificadas como graves, instancia que tiene la facultad legal de imponer sanciones mayores.
Sin embargo, reconoció que hasta el momento no tienen conocimiento de resoluciones emitidas en esos expedientes.
“De las que se han enviado al Tribunal de Justicia Administrativa no se conoce ninguna resolución. Hemos estado haciendo oficios de seguimiento para que haya resultados”, indicó.
La secretaria explicó que cada cuatro o seis meses las autoridades investigadoras de la dependencia envían oficios para conocer el avance de las denuncias y expedientes que ya se encuentran fuera de su competencia.
Informó que la Secretaría Anticorrupción ha impuesto 231 sanciones administrativas a exfuncionarios y servidores públicos en activo, las cuales incluyen amonestaciones, suspensiones e inhabilitaciones.
Precisó que, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas, la máxima inhabilitación que puede imponer la dependencia es de un año en casos de faltas no graves, sanción que ya ha sido aplicada a varios exfuncionarios, incluidos algunos que ocuparon cargos de primer nivel durante la administración anterior.
“Las inhabilitaciones de cinco, diez, quince o hasta veinte años competen al Tribunal de Justicia Administrativa”, aclaró.
Sobre las sanciones de suspensión, explicó que durante el tiempo que permanece vigente la medida, el servidor público no recibe salario, aunque una vez cumplida la sanción puede reincorporarse a sus funciones, quedando asentado el antecedente en su expediente laboral.
Reiteró que la dependencia continuará insistiendo ante las instancias correspondientes para que se resuelvan tanto las denuncias penales como los procedimientos administrativos que han sido promovidos por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.