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Madres buscadoras demandan a Godoy y 32 fiscales federales del país

LA SILLA ROTA. Margarita López Pérez y Brenda María Valenzuela Gil, madres de víctimas de desaparición, presentaron este 7 de octubre una demanda de amparo indirecto contra la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, los titulares de las 32 fiscalías estatales y sus respectivas áreas especializadas en desaparición, de acuerdo con la información difundida sobre la acción legal.

Las promoventes reclaman la presunta omisión de garantizar que el Banco Nacional de Datos Forenses opere interconectado, en tiempo real, con las bases de información de todas las entidades del país.

Según los señalamientos difundidos sobre la demanda, la falta de conexión obliga a las fiscalías a solicitar y cruzar información mediante oficios, lo que puede retrasar la identificación de cuerpos y restos y su entrega a las familias.

Las madres solicitaron una suspensión del acto reclamado para que las autoridades señaladas conecten sus sistemas con el Banco Nacional. La información disponible no incluye una resolución judicial sobre esa petición ni permite establecer que la medida ya haya sido concedida.

¿Qué reclaman las madres buscadoras sobre el Banco Forense?

El reclamo se centra en el intercambio de información entre las instituciones encargadas de investigar desapariciones y realizar identificaciones forenses.

De acuerdo con la información compartida sobre el amparo, las promoventes sostienen que en diciembre de 2022 se firmaron Bases de Colaboración para establecer esa interconexión, pero denuncian que no existe información pública suficiente para conocer su funcionamiento efectivo.

También señalan que el sitio oficial del sistema no está operativo. Este punto forma parte de sus reclamos y no constituye, por sí mismo, una determinación judicial sobre el estado del Banco.

El Diario Oficial de la Federación publicó el 11 de mayo de 2023 el aviso que fijó el 29 de mayo de ese año como fecha de inicio de operaciones del Banco Nacional de Datos Forenses y del Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas.

Familias denuncian retrasos para identificar cuerpos y restos

Las promoventes sostienen que el intercambio manual de información entre fiscalías puede demorarse o no realizarse, lo que dificulta relacionar los hallazgos forenses con los reportes de personas desaparecidas.

Según su planteamiento, esto puede provocar que cuerpos y restos permanezcan en servicios forenses o fosas comunes sin ser identificados ni entregados, mientras sus familiares continúan buscándolos.

Margarita y Brenda argumentan que cada día sin una interconexión efectiva prolonga la incertidumbre de las familias. En los señalamientos sobre la demanda, equiparan ese sufrimiento con actos de tortura.

La acción legal pide revisar estas presuntas omisiones de las autoridades; su presentación no implica que un tribunal haya acreditado los hechos reclamados.

Amparo busca medidas inmediatas de interconexión

La suspensión solicitada pretende que todas las autoridades señaladas adopten medidas para conectar sus registros con el Banco Nacional de Datos Forenses.

El objetivo expuesto por las madres es facilitar el cruce de información y evitar que la identificación dependa exclusivamente del envío de solicitudes entre instituciones.

La presentación de la demanda también fue reportada por Tribuna Capital, aunque su publicación no precisa el juzgado ni el número de expediente. Con la información disponible, tampoco se puede confirmar su admisión o una decisión sobre la suspensión.

Contexto

La puesta en marcha de estos registros ya había sido objeto de una intervención judicial. La síntesis del DOF elaborada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que el aviso de mayo de 2023 dio cumplimiento a una ejecutoria de amparo indirecto identificada con el expediente auxiliar 250/2022. Este antecedente corresponde a un procedimiento distinto del promovido este 7 de octubre.