Nacional / CDMX

Blanca Cruz asume la presidencia provisional del INE entre sombras por contratos en Puebla

REDACCIÓN IA. El Instituto Nacional Electoral (INE) vive días de profunda transformación y un escrutinio público sin precedentes tras la sorpresiva renuncia de su anterior titular, Guadalupe Taddei Zavala, quien dejó el cargo acorralada por investigaciones de presunta corrupción.

Ante el vacío institucional en pleno arranque del Proceso Electoral Federal 2026-2027, el Consejo General del árbitro electoral designó por unanimidad de votos a la consejera Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional del organismo, una determinación reportada por El Economista y detallada en los canales informativos de Aristegui Noticias.

No obstante, lo que debió ser un relevo encaminado a devolver la estabilidad y certeza al colegiado ha reactivado de inmediato las alarmas en el sector político debido a su historial administrativo.

La llegada de Cruz García a la máxima dirección provisional del órgano civil ocurre bajo una estricta lupa presupuestal. De acuerdo con información divulgada por El Sol de México, la funcionaria arrastra serios cuestionamientos heredados de su gestión previa al frente del Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE).

Específicamente, se le señala por haber avalado y adjudicado en febrero de 2024 un millonario contrato de licitación pública por un monto de 129.7 millones de pesos a la empresa Comercializadora JVLY para el suministro de material electoral.

Los reportes de fiscalización locales arrojan que la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Puebla emitió observaciones críticas sobre dicho convenio, derivado de la ausencia de documentación elemental como los oficios de suficiencia presupuestal, propuestas técnicas y acreditaciones legales del proveedor.

La controversia adquiere dimensiones nacionales e interconecta las crisis del INE debido a que Comercializadora JVLY se encuentra bajo una rigurosa investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por formar parte de una presunta red de triangulación de recursos ligada, precisamente, a los mismos proveedores consentidos que operaron durante el mandato de Guadalupe Taddei.

Ante esta ola de señalamientos y tras rendir la protesta de ley documentada por La Jornada, Blanca Cruz García compareció en conferencia de prensa asegurando que su actuación se ha apegado a la institucionalidad a lo largo de quince años de carrera electoral y afirmó no tener nada que ocultar, dejando en manos de las autoridades las conclusiones de las auditorías en curso.

Al mismo tiempo, ordenó congelar la firma de nuevos contratos institucionales y revisar minuciosamente los vigentes con el objetivo de restaurar la toma de decisiones colectiva.