EJE CENTRAL. Un funcionario adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR) enfrenta un proceso penal luego de que un juez federal determinara su probable responsabilidad en el uso de documentación falsa.
El caso gira en torno a Arturo Muñoz Viveros, quien se desempeñaba en un área administrativa y que ahora deberá responder ante la justicia por la presunta falsificación de un certificado escolar.
De acuerdo con la información oficial, la imputación fue realizada por el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI), bajo la hipótesis de uso de documento público falso en copia.
La acusación se sostiene en los resultados de una indagatoria que detectó irregularidades en un documento presentado por el propio servidor público.
“La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Arturo “N” por su probable participación en el delito de falsificación de documentos, bajo la hipótesis de uso de documento público falso en copia”, destacaron en un comunicado.
Según las investigaciones, el funcionario acudió a las instalaciones del Centro de Evaluación y Control de Confianza (CECC) como parte de un proceso de evaluación para su permanencia dentro de la institución.
Fue en ese contexto donde entregó documentación para acreditar su nivel académico.
La indagatoria señala que Arturo Muñoz presentó una copia de un certificado escolar con el objetivo de comprobar su último grado de estudios.
Sin embargo, tras un análisis realizado por las autoridades, se determinó que dicho documento no era auténtico.
“La indagatoria del Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI), indica que el imputado se presentó en las instalaciones del Centro de Evaluación y Control de Confianza (CECC) de la FGR, con motivo de su proceso de evaluación para permanencia.”
“En ese lugar, Arturo “N” entregó la copia de un certificado escolar para acreditar su último grado de estudios, sin embargo, como resultado de su análisis, fue posible conocer que era falso.”
Durante la audiencia inicial, el juez de control resolvió vincular a proceso al imputado y estableció una serie de medidas cautelares que deberá cumplir mientras se desarrolla el caso.
Entre ellas, se encuentra la obligación de presentarse periódicamente a firmar cada 30 días en el Centro de Justicia Penal Federal ubicado en el Reclusorio Sur, en la Ciudad de México.
Asimismo, se le impuso la prohibición de acercarse a testigos relacionados con el caso, con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo del proceso judicial.
Estas medidas permanecerán vigentes durante el tiempo que dure el procedimiento.
“En la audiencia inicial, el juez dictó las medidas cautelares de presentación periódica consistente en firma cada 30 días en el Centro Penal Federal del sur, en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, y prohibición de acercarse a testigos, medidas que estarán vigentes durante el tiempo que dure el proceso; además, fijó dos meses de plazo para la investigación complementaria.”
El juez también estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria, periodo en el que se recabarán más elementos para determinar la responsabilidad del acusado.
Finalmente, las autoridades recordaron que el implicado mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra, conforme a lo establecido por la ley.