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ONG'S piden al gobierno que se sancione a Pemex por daño ambiental de derrame en el Golfo

MILENIO. La separación de tres funcionarios de Pemex que ocultaron información sobre la verdadera causa del derrame en el Golfo de México no resuelve el fondo del desastre ambiental que afectó más de 900 kilómetros del litoral, acusaron un conjunto de 40 organizaciones de la sociedad civil.

Asimismo, señalaron que, con dicha acción, el gobierno federal solo está castigando el ocultamiento interno, pero sigue sin asumirse plenamente la responsabilidad institucional de Pemex, ante los evidentes daños y afectaciones ambientales.“El gobierno federal, finalmente, reconoció que el derrame masivo en el Golfo de México tuvo su origen en la fuga del ducto Old AK-C de Pemex, como las organizaciones de la sociedad civil documentamos y denunciamos semanas atrás"."Se admite que hubo una pérdida de integridad mecánica en un oleoducto de Pemex, que la fuga fue negada sistemáticamente por áreas operativas y que tres funcionarios fueron separados del cargo mientras avanzan las investigaciones. Se sanciona la mentira, no el daño ambiental”, apuntaron organizaciones como CartoCrítica, Greenpeace México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y la Alianza Mexicana Contra el Fracking.

Ayer, el Grupo Interinstitucional informó que inició una investigación para esclarecer el origen del derrame de hidrocarburo en el Golfo de México, al tiempo que fueron separados de sus funciones a tres servidores públicos: el subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental; el coordinador de Control Marino; y el líder de Derrames y Residuos, “toda vez que pudieran estar vinculados con los hechos”.

Piden que se asuma responsabilidad institucional

Las ONG’s lamentaron que la respuesta política se haya concentrado en tres funcionarios y no en la responsabilidad integral de Pemex como empresa pública del Estado, pese a que se reconoció que hubo una pérdida de integridad mecánica en un oleoducto de Pemex, una fuga negada por áreas operativas, el ocultamiento de al menos 350 metros cúbicos de agua oleosa recuperada en barreras de contención, y el hecho de que la válvula principal no se cerró sino hasta el 14 de febrero, ocho días después de detectada la fuga.

“Despedir a quienes ocultaron información no repara el daño ambiental ni sustituye la obligación de asumir institucionalmente las consecuencias del derrame. Pemex sigue sin informar cuánto hidrocarburo se derramó. A pesar de la gravedad del caso, el propio gobierno reconoció que “no se tiene todavía un cálculo confiable del volumen exacto”. Esta omisión es muy grave, pues sin un dato oficial del volumen derramado no existe una base seria para dimensionar el daño, evaluar si la respuesta será suficiente, calcular el costo total de la remediación, ni establecer una reparación proporcional”.

Además, reclamaron que el principio de “el que contamina paga” sigue sin traducirse en hechos. El Plan Nacional de Contingencia contempla costos de atención, seguimiento, compensaciones y procesos financieros dentro de la respuesta y el seguimiento del incidente.

“Sin embargo, hasta ahora el gobierno no ha transparentado cuánto costó el despliegue de 3,365 elementos, 25 buques y embarcaciones, 9 aeronaves, drones, barreras, monitoreo, limpieza, transporte y disposición final de residuos. El país, los pescadores y las comunidades siguen sin saber cuál es la magnitud de las afectaciones, ni cuánto ha costado la respuesta completa, ni cuánto deberá pagar Pemex por la atención, limpieza, seguimiento y remediación de un derrame causado por su propia infraestructura”.

De igual forma, indicaron que los apoyos no sustituyen la reparación integral, pues el gobierno ha anunciado recursos por 30 millones de pesos para cooperativas pesqueras, apoyos de 15 mil pesos a 3,379 pescadoras y pescadores, y otros apoyos sociales y productivos, que no pueden presentarse como solución al daño ocasionado, ya que no sustituyen la compensación por pérdida de ingresos, no reparan las afectaciones a pescadores, prestadores de servicios y comunidades costeras, y tampoco reemplazan la obligación de restaurar ecosistemas afectados, como es el caso de manglares y arrecifes.

Ante ese panorama, las asociaciones ambientalistas exigieron al gobierno federal y Pemex que informen públicamente el volumen total derramado; el costo total de la atención, limpieza, monitoreo y remediación; el monto que Pemex deberá cubrir conforme a su responsabilidad institucional; el plan integral de restauración ambiental, con metas, tiempos, responsables y mecanismos de seguimiento público.

“Las autoridades no pueden dar por cerrado este episodio con tres destituciones, apoyos parciales y un discurso de control. Sigue pendiente la verdad completa sobre el daño, su costo, la responsabilidad institucional de Pemex y la reparación integral a comunidades y ecosistemas. Este derrame no es un hecho aislado. Es otra expresión del costo real del modelo fósil en México: incendios, fugas, derrames, contaminación crónica, afectaciones a la salud y opacidad institucional”.