TELEDIARIO. La Fiscalía General de la República entregó expedientes e información judicial al gobierno de Estados Unidos sobre tres órdenes de aprehensión vigentes contra la conductora Inés Gómez Mont.
La titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, informó que los documentos respaldan las acusaciones por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada.
La declaración se dio tras la detención de la presentadora el 30 de octubre en Florida por un procedimiento de carácter migratorio.
Godoy Ramos precisó que, si las autoridades estadunidenses acuerdan la deportación de la investigada a territorio nacional, agentes ministeriales ejecutarán las órdenes de captura de forma inmediata a su llegada.
De acuerdo con las indagatorias de la fiscalía federal, la expresidentora habría recibido fondos del erario público en sus cuentas bancarias personales a través de empresas fachada.
Los recursos provenían de contratos celebrados con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social por un monto cercano a 2 mil 450 millones de pesos para el sistema penitenciario.
Las investigaciones de la dependencia señalan que las compañías simulaban operaciones comerciales para triangular el dinero y ocultar su destino final.
Asimismo, las pesquisas abarcan faltas de carácter tributario cometidas durante el ejercicio de sus actividades financieras.
La FGR detalló que la investigada omitió la declaración de ingresos reales durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2016, lo que generó un daño hacendario superior a 13 millones de pesos en impuestos no pagados.
El expediente judicial contra la conductora se compone de tres mandamientos expedidos por jueces federales a petición de distintas áreas ministeriales.
Las acciones legales iniciadas por la institución abarcan las siguientes causales:
La fiscal Ernestina Godoy explicó que la solicitud de detención provisional con fines de extradición se presentó desde septiembre de 2025 en coordinación con el Departamento de Justicia estadunidense.
Durante las últimas semanas, las autoridades mexicanas mantuvieron el intercambio de datos institucionales para sustentar los requerimientos judiciales contra la cónyuge del empresario Víctor Manuel Álvarez Puga.
Con la entrega formal de los expedientes, el gobierno de México busca garantizar la presentación de la investigada ante los tribunales del país.