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Jesús Ramírez Cuevas denunció la prensa comprada. Ahora la fabrican

PROCESO. El gobierno de la Cuarta Transformación no acabó con la prensa comprada. Hizo algo más ambicioso: siguió pagando la que le es afín y fabricó la que le faltaba.

Es la conclusión de dos investigaciones que esta revista publicó en su edición de noviembre y se sostiene en contratos, convenios, actas mercantiles y adjudicaciones directas.

Los años heridos es una serie de siete capítulos sobre la Guerra Sucia. Costó 84 millones de pesos públicos —de Capital 21, Canal Once y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos— sin una sola licitación.

El precio los desnuda: 157 mil pesos por minuto. La misma productora le había vendido antes a Canal Once a 14 mil o 20 mil pesos el minuto. Entre ocho y once veces su propia tarifa, para una serie que casi toda transcurre en el presente. En el medio cinematrográfico cultural del país la cifra provocó un escándalo.

La obra denuncia el método con el que se produjo. Es una serie sobre un Estado que decidía en lo oscuro, sin rendirle cuentas a nadie, quién merecía qué. Y se pagó con un procedimiento en el que un Estado decidió en lo oscuro, sin rendirle cuentas a nadie, que alguien merecía 84 millones.

En los créditos hay un nombre que aparece dos veces: como asesor general y como el primer agradecimiento especial de cada capítulo. Es Jesús Ramírez Cuevas, vocero de Andrés Manuel López Obrador que se adueñó del aparato de comunicación oficial y hoy coordinador de asesores de Claudia Sheinbaum.

El libro en que se basa la serie era de un funcionario de ese mismo gobierno, que cedió los derechos siendo funcionario federal y después firmó, como particular, un convenio de 60 millones de pesos con un organismo autónomo del Estado. La productora que compró esos derechos la fundó el hombre que durante tres años dirigió el centro que producía y transmitía la mañanera: el vocero la organizaba, él la ponía en pantalla. Ya como funcionario, ese hombre firmó una adjudicación directa de hasta 10 millones de pesos a favor de la empresa que él mismo había creado y el documento le ordenaba al proveedor entregarle las facturas a él. Hoy administra los fondos públicos del cine mexicano.

El 12 de octubre, en Palacio Nacional, la presidenta dijo una frase que nadie le había preguntado: "Me platicó Jesús Ramírez de la serie."

Le enviamos cinco preguntas al asesor: Si intervino para que sus aliados en la 4T pagaran la serie. Si recibió algún beneficio. Qué relación tiene con los involucrados en el proyecto. Si informó de su participación a algún órgano de control.

No contestó ninguna. El hombre que durante seis años organizó la conferencia donde el gobierno respondía preguntas, respondió con su silencio.

Pero esta historia de Palacio no termina aquí. Porque una serie es un contrato y lo que documentaron Camila Ayala, Aldo Canedo, Dalila Escobar y Rodrigo Hernández en ese mismo número es una industria.

Se llaman a sí mismos los heurísticos. En Morena le dicen "el mago de las campañas" a Iván Silva Yanomé. No están en el organigrama de Comunicación Social de la Presidencia; están en algo mejor: en el consejo asesor de la presidenta y en Palacio Nacional todos los días. Cobran por contratos de servicios y por publicidad oficial.

Llevan 344 millones 731 mil pesos de dinero público desde 2018. Al menos en lo que hasta ahora pudimos documnetar.

El método tiene una eficiencia administrativa que da escalofrío. Al terminar la mañanera, Silva encabeza una reunión en la que se define qué asuntos hay que posicionar y de qué manera. Las órdenes bajan a las agencias asociadas que producen: medio millar de videos al mes y, en una sola semana de agosto, más de cinco millones de reproducciones acumuladas.

También venden "escucha digital": medir el sentimiento de las redes sobre los temas que a la Presidencia le interesa promover, influirlo con bots cuando conviene y dejar caer el asunto cuando el ecosistema lo rechaza.

Lejos de la comunicación social, el gobierno paga con dinero público esta maquinaria para simular opinión pública. No para informar a la gente. Para inflar artificialmente lo que quieren decir y enterrar lo que no convenga.

Los contenidos salen con nombres que no delatan de dónde vienen: El Diario del Pueblo, Noticias Rapiditas, El Enfoque MX, El Diario República MX. Y para la otra mitad del oficio, la del desprestigio, los que ya no disimulan: Peluches 4T, Prianistas del Mal, Corrupción Naranja, Tío Richillón.

Esa mitad tiene lista de objetivos y es larga: Maru Campos, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ricardo Anaya, Jorge Romero, Lilly Téllez, César Jáuregui y Xóchitl Gálvez, del PAN; Alejandro Moreno y Carolina Viggiano, del PRI; Samuel García, Mariana Rodríguez y Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano; Ernesto Ruffo, y el empresario Ricardo Salinas Pliego.

Lo que pasó después de que publicamos vale más que cualquier desmentido: el martes 3 de noviembre, día que salió el reportaje, los directivos de Cuadrangular sacaron a sus empleados de sus oficinas de avenida Chapultepec para buscar micrófonos. Después cerraron los portales de noticias que habían creado para su propaganda. Nadie barre su oficina buscando micrófonos por una nota que puede desmentir. Nadie cierra lo que puede explicar.

Falta una parte que toca directamente a Proceso. Más que el agravio, el reportaje lo expone como prueba del mecanismo.

Para justificar un contrato entregado a dedo a la agencia de esta red, la Secretaría de Hacienda la comparó con treinta medios digitales. Entre ellos Proceso, que no fue invitado, no presentó propuesta y no supo que el procedimiento existía. Nuestro nombre fue el relleno que volvió comparable lo que nadie comparó. No nos ganaron el contrato. Nos usaron para repartirlo.

Encima pagan dos veces, porque las funciones que realizan estos privados son exactamente las que la ley le asigna a las áreas de Comunicación Social, que tienen su propio presupuesto en el Gobierno Federal, en los estados y en los municipios, más el dinero público que recibe Morena. El movimiento que hizo campaña contra el outsourcing subcontrata su propia voz.

Falta la capa electoral, que es la más grave.

Esta red hizo gobernadores. Operó las campañas que llevaron al poder a Rubén Rocha Moya en Sinaloa, a Marina del Pilar en Baja California y a Mara Lezama en Quintana Roo, los tres cuestionados después por sus presuntas ligas con el narcotráfico o por su patrimonio. El gobierno de Rocha le dio contratos a tres de estas empresas, firmados entre marzo de 2025 y marzo de 2026, sin transparentar contenidos ni facturas, unas semanas antes de que Estados Unidos buscara su detención.

Su trabajo más reciente fue ayudar a definir a los "coordinadores" en defensa de la Cuarta Transformación: los virtuales candidatos de Morena a las diecisiete gubernaturas que se eligen el año que entra.

O sea que la maquinaria pagada con dinero de todos ayuda a escoger a quienes competirán por el poder y después les vende los servicios para ganarlo. Así el árbitro no hace falta: basta con ser el entrenador, el proveedor y el cronista.

Y no está escondido. Está premiado. Cuadrangular fue nombrada "agencia digital del año" y la operación #EsClaudia ganó el premio a la mejor campaña de 2024. Al recibir otro galardón, Silva agradeció a los gobernadores que lo contratan y, por su nombre, a Jesús Ramírez. A nuestros cuestionarios no respondió ni él, ni su impulso Mario Delgado, ni el coordinador de asesores de Palacio.

Falta decir que fabricar no sustituyó a comprar. Lo complementó. Mientras esa red cobraba, la publicidad oficial siguió fluyendo hacia los medios afines. Entre adjudicaciones de 2025 y lo que va de 2026: 473 millones de pesos para La Jornada; 163 para El Heraldo; 126 para SDP Noticias…

Súmenlo y la figura queda completa: sus medios, sus públicos, sus aplausos, sus premios, su medición de qué decir, su manera de callarse cuando no conviene y la factura que nadie puede consultar.

El viejo régimen compraba silencio. Éste compra voz y, cuando no la encuentra, la manda hacer.

Y mientras todo eso se paga con dinero público, a este medio sin darle la palabra en la mañanera desde que publicaron estas investigaciones que los delatan.

Los dos reportajes salieron en el número de noviembre de Proceso, que es el de nuestro 50 aniversario. No es una casualidad. Es la razón por la que existimos.