POSTA. Las extorsiones en penales de Tamaulipas fueron motivo de cuestionamientos al subsecretario de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, Igor Mendoza Ruiz, luego de que gobernadores de Nuevo León, Jalisco y San Luis Potosí señalaran que algunas llamadas de este delito podrían originarse en cárceles tamaulipecas, particularmente en el centro penitenciario de Altamira.
Ante estos señalamientos, el funcionario rechazó que se tenga comprobado que las extorsiones telefónicas salgan de los centros penitenciarios del estado y aseguró que existen revisiones constantes para detectar y evitar el uso irregular de teléfonos celulares.
Igor Mendoza Ruiz sostuvo que se realizan inspecciones semanales en todos los centros penitenciarios de Tamaulipas, además de revisiones institucionales mensuales en las que participan autoridades federales y estatales.
Afirmó que, hasta el momento, estos operativos no han permitido encontrar elementos que confirmen los señalamientos sobre llamadas de extorsión realizadas desde las cárceles.
“Yo lo que le estoy diciendo es que se hacen revisiones y no se ha encontrado ningún”, expresó al ser cuestionado sobre las acusaciones de autoridades de otras entidades.
El subsecretario también consideró que cualquier situación de este tipo debe ser denunciada para que pueda investigarse y pidió que se demuestre el origen de las llamadas atribuidas a los centros penitenciarios tamaulipecos.
El funcionario reconoció que se trabaja en acciones relacionadas con los inhibidores de señal telefónica para impedir que existan comunicaciones desde el interior de los penales.
Sin embargo, al preguntarle cuántos inhibidores están instalados y en cuáles centros penitenciarios se realizan estos trabajos, respondió que no tenía disponible el dato.
Como parte de su respuesta, invitó a los representantes de los medios de comunicación a acudir a cualquiera de los centros penitenciarios y tratar de realizar una llamada telefónica en las inmediaciones para comprobar las restricciones de señal.
Los señalamientos sobre el presunto origen de extorsiones en penales de Tamaulipas mantienen bajo cuestionamiento las condiciones de seguridad y control de las comunicaciones al interior de estos centros, particularmente en el caso de Altamira.