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Habría elementos para que la CPI investigara a AMLO por presuntos crímenes de lesa humanidad

FORBES. Un análisis de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley concluyó que prácticas como la vigilancia intrusiva sin orden judicial, las campañas digitales de acoso y la estigmatización desde el gobierno durante el sexenio de López Obrador encuadran en la figura de crímenes de lesa humanidad de persecución de la Corte Penal Internacional (CPI).

De esta manera, el organismo tendría pruebas suficientes para analizar una posible investigación en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) ya que se han comprobado campañas sistemáticas de persecución y espionaje ilegal contra periodistas y defensores de derechos humanos en México, de acuerdo con el estudio del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley, difundido por Proceso y Aristegui Noticias.

El análisis fue dirigido por Lindsay Freeman y marca una ruta de elementos doctrinarios y probatorios para abrir un “examen preliminar” por crímenes de lesa humanidad, ya que asienta que entre 2018 y 2024, el gobierno de México instrumentó una estrategia de hostigamiento que se reflejó en la identificación de 2,827 fragmentos durante las 1,437 conferencias matutinas del entonces presidente López Obrador, en los que denostaba a periodistas con términos como “prensa fifí”, “chayoteros” y “hampa del periodismo”.

Dicha persecución por parte del gobierno tiene todos los elementos para que la nueva Política sobre Delitos Facilitados por Medios Cibernéticos de la Oficina del Fiscal de la CPI entre en acción, ya que la misma reconoce que actos como la vigilancia intrusiva sin orden judicial, las campañas digitales de acoso y la estigmatización desde el poder público pueden encuadrarse bajo la figura del crimen de lesa humanidad de persecución.

El análisis de la universidad estadounidense documentó que durante el sexenio de López Obrador asesinaron a 78 periodistas y 259 defensores de derechos humanos y además de ello, hubo una sistematización de un ataque estatal articulado mediante cinco mecanismos:

1. La estigmatización diaria desde las conferencias matutinas.2. El uso de redes de bots para acosar.3. La vigilancia ilegal con spyware militar (como Pegasus o Geomatrix).4. El uso del aparato judicial contra críticos (lawfare).5. Impunidad de entre el 93% y el 99%.

De acuerdo con los medios antes mencionados, dicho estudio está respaldado por el Proyecto de Rendición de Cuentas por Crímenes en México del propio Centro de Berkeley, el cual puso a disposición pública una plataforma probatoria interactiva.

Dicho repositorio incluye la base de datos verificada de agresiones, la trazabilidad de la compra de ciberarmas como Pegasus a NSO Group y Geomatrix a Rayzone por parte de las Fuerzas Armadas, así como el análisis sistematizado de las conferencias matutinas.

Estas pruebas fueron alistadas por la Universidad de California en Berkeley para ser presentadas formalmente como un expediente ante la Fiscalía de La Haya, como también se le conoce a la Corte Penal Internacional.

El estudio destacó que la estigmatización verbal coincidió con agresiones físicas directas, citando el caso del ataque armado contra el conductor Ciro Gómez Leyva, el cual sucedió un día después de ser atacado en la conferencia matutina, así como el homicidio de Fredid Román en Guerrero, quien fue intervenido con software malicioso tras publicar información sobre el caso Ayotzinapa y ejecutado al día siguiente.

“Asimismo, la investigación sustenta la responsabilidad estatal en la evidencia técnica obtenida por las filtraciones de Guacamaya Leaks y los hallazgos de Ejército Espía (R3D y Citizen Lab), los cuales documentaron que un Centro de Inteligencia Militar secreto dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) operó los programas de espionaje para intervenir comunicaciones de comunicadores, activistas e incluso funcionarios civiles”, según publicó Proceso.

Dicho informe también resaltó que el patrón ejercido durante el gobierno de López Obrador encuadra en el Artículo 7 del Estatuto de Roma, que sanciona la privación intencional y grave de derechos fundamentales contra un grupo definido por su función de interés público.

Añadió que al haber sido catalogados como “opositores” a la administración lopezobradorista, las agresiones cibernéticas y físicas del gobierno mexicano configuran la mayor prueba previa para que la Fiscalía de La Haya investigue por primera vez la represión digital como un crimen internacional.